Venta del Banco de Costa Rica subiría costo de préstamos a clientes
Chaves presentó el proyecto de ley que busca vender el Banco de Costa Rica como la prioridad de su gobierno
De acuerdo con un análisis de la Universidad de Costa Rica, si el Banco de la entidad fuera vendido, como planteó nuevamente la administración Chaves Robles, las primeras consecuencias las recibirían los clientes que pagarían, al menos, ₡332 mil más al año por sus préstamos contraídos con la entidad bancaria.
La explicación es simple: este monto corresponde al 8,19% de más en la tasa de interés que en promedio pagan las personas deudoras de la banca privada, de aplicarse a la cartera de crédito del BCR.
Las más de un millón de personas afiliadas del BCR ahorraron un total de ₡334 mil millones en el pago de intereses en el 2022, y este es solo uno de los impactos a considerar por la Asamblea Legislativa después de que se presentara, por tercera ocasión en tan solo dos años de Gobierno, un proyecto de ley para vender el banco.
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Además, vender el BCR implicaría que el país pierda otros beneficios sociales que ascienden a los ₡126 mil millones anuales, según estimaciones hechas por el economista Luis Carlos Olivares.
“¿Cuánto más van a pagar las familias por el alza en las tasas de los créditos o por tener que desplazarse hasta donde encuentre agencias bancarias? Esos gastos no son poca cosa para los miles de costarricenses que tienen que desplazarse 20 o más kilómetros. También significa una pérdida de competencia”, Welmer Ramos.
Afectaciones en zonas rurales por acceso al Banco de Costa Rica
Esta cifra es producto de las ganancias que obtiene la entidad por sus operaciones bancarias, las que trasladan al Sistema de Banca para el Desarrollo, así como los beneficios que le genera a los clientes de zonas rurales tener una sucursal del BCR a su alcance.
Entre las ganancias del BCR, el 68% se devuelven a proyectos del Estado en forma de impuestos sobre la renta, a las pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) o, directamente, a instituciones como la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop).
Este banco es el que tiene mayor cantidad de sucursales alrededor del país, cuatro veces más que el banco privado con más oficinas, lo que beneficia a alrededor de 100 mil personas de zonas rurales que realizan un promedio de cuatro trámites al año con un costo de oportunidad de ₡30 mil por viaje, estima el economista.
“Es importante analizar esa propuesta con el método de costo social y no solamente desde un análisis contable financiero que solo dice cuánto vale cada parte del banco, sin considerar cuánto le cuesta a la sociedad costarricense no tener el banco en un mercado poco competitivo, concentrado, con una banca privada menos eficiente que cobra tasas más altas y da menos réditos”, explicó Olivares.
Coincidió el economista y exdiputado Welmer Ramos, quien destacó cómo la banca nacional bancariza al país:
“¿Cuánto más van a pagar las familias por el alza en las tasas de los créditos o por tener que desplazarse hasta donde encuentre agencias bancarias? Esos gastos no son poca cosa para los miles de costarricenses que tienen que desplazarse 20 o más kilómetros. También significa una pérdida de competencia”.
Más costos
La tasa promedio de los bancos privados es la segunda más costosas, después de las financieras, con un porcentaje de 18,10%, frente a la de la banca pública que, para marzo del 2023, era de 9,91%, en promedio, según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Chaves presentó el proyecto de ley que busca vender el BCR como la prioridad de su gobierno, en conjunto con el proyecto de jornadas de 12 horas de trabajo y de cara a las negociaciones políticas que decidirán el nuevo directorio legislativo el próximo 1 de mayo.
Sus aliados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberal Progresista (PLP) mantienen cuestionamientos acerca de la transparencia del proyecto, al tiempo que Nueva República —su más fiel apoyo en el plenario— se mantiene a la expectativa. Todos, sin embargo, han estado de acuerdo con la venta del banco y activos del Estado para resolver el problema del déficit fiscal.
El nuevo proyecto trae pocas enmiendas a los anteriores, mantiene vicios de constitucionalidad previamente señalados por especialistas, no fija precio base ni fórmula de cálculo y prohíbe a las personas involucradas en la negociación hablar sobre la venta del BCR.
